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Tráfico prohibe denunciar deficiencias en carreteras a la Guardia Civil

Se supone que la finalidad última de la Guardia Civil es defender al ciudadano, en el caso del cuerpo dedicado al tráfico, defender a los conductores y ocupantes que viajan por carretera. Pero sucede que por desgracia los agentes no pueden cumplir con su trabajo, por causas ajenas a ellos, por supuesto. Y no siempre se les permite contribuir en la mejora de la seguridad de nuestras carreteras y por lo tanto salvaguardar mi vida, y la del resto de gente que nos desplazamos habitualmente por las carreteras españolas.

Todo esto viene a cuento de que la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora habría prohibido expresamente el uso del boletín de denuncias, una vía oficial y que como tal consta en el reglamento interno con objeto de hacer constar las posibles deficiencias con las que se encuentren los agentes de la Guardia Civil en las carreteras. Tras varias denuncias, la jefatura decidió conminar al cuerpo de la Guardia Civil a no denunciar las deficiencias y limitarse a redactar un informe interno, que ojalá esperemos no caiga en saco roto.

Según el reglamento interno, el deber de los agentes es el de denunciar al titular de aquellas carreteras que presenten defectos en vía o señalización.

Por suerte para los agentes en este caso no se ha llegado al extremo del Guardia Civil de Huesca que fue expedientado por denunciar todas y cada una de las irregularidades con que se encontró en las carreteras y su señalización. Imagínense la frustración que debió sentir cuando fue condenado en el ejercicio de su oficio y su responsabilidad con los ciudadanos. Y me temo que aún mayor debe ser la frustración de encontrarse con la misma situación habitualmente: familias rotas, heridos graves, sustos (en el mejor de los casos) en tramos mal diseñados, mal planificados o mal señalizados.

La tramitación de una denuncia por una vía con deficiencias, a diferencia de las denuncias habituales que van destinadas al conductor, va destinada a los titulares de la vía que son habitualmente las administraciones autonómicas. La Generalitat de Cataluña ya fue condenada a pagar más de 300.000€ a un motorista que sufrió un accidente y quedo parapléjico al chocar con uno de los tristemente famosos postes en H de un quitamiedos, entendiendo que la responsabilidad se repartía al 50% entre el titular de la vía y el motorista.

Es triste reconocerlo, pero con casos como este no extraña nada la sensación de persecución e inseguridad que sufre el conductor. Cuando un agente trata de velar por nuestra seguridad denunciando deficiencias se le conmina a no hacerlo o incluso se le sanciona. Y después querremos acabar con el cliché del afán recaudatorio de las autoridades de tráfico…

Fotografía: DGT
Fuente: El Mundo
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