150 millones defraudados en la compraventa de carburantes

David Villarreal  |  @davidvillarreal  | 
Guardia Civil Archivo

La Guardia Civil ha anunciado los resultados de la denominada Operación Drake. 21 personas han sido detenidas y se han incautado 2 barcos, 61 automóviles y 2 millones de litros de combustible, cifras dignas de una gran redada contra grupos mafiosos dedicados al crimen organizado. La diferencia, en este caso, es que el fraude que se ha destapado estaba disfrazado bajo empresas, aparentemente legales, que se dedicaban a la compraventa de hidrocarburos, diésel y gasolina, habiendo organizado una trama bajo la cual defraudaron hasta 150 millones en concepto de IVA.

El fraude de las mafias del carburante

Según la Guardia Civil, la UCO y la Agencia Tributaria habrían llevado a cabo una investigación con la cual se destapó cómo una serie de empresas adquiría grandes cantidades de hidrocarburos, mientras otras lo adquirían y, en algunos casos, incluso, disponían de una red de gasolineras, con precios más bajos que los de la competencia, para vender el diésel y la gasolina en poco tiempo (ver noticia en El País).

En el proceso, aquellas ventas en las que se exigía pronto pago y, por supuesto, el pago del IVA, se blanqueaban con facturas falsas para evitar que los impuestos repercutidos regresaran a las arcas de Hacienda.

El fraude habría supuesto la evasión de 150 millones de euros al fisco

Guardia Civil Archivo 2

Según ha destapado la Guardia Civil, el fraude podría haber llegado a superar los 150 millones de euros.

Se habrían investigado un total de 292 sociedades y 150 personas, así como se habrían analizado 1.085 cuentas bancarias. Los ingentes beneficios obtenidos en el proceso se habrían dedicado a numerosas inversiones en fondos inmobiliarios, la compra de criptomonedas, o incluso evadiéndolo a otros países.

Según esta información no parece que los clientes que repostaron combustible en las estaciones de servicio de la red hayan sido defraudados. Salvo por el hecho de que la evasión de 150 millones de euros, evidentemente, repercute en un daño para el erario público, y para todos los contribuyentes.

Este por lo tanto no parece un fraude comparable a otros anteriores, en los que se han descubierto tramas que han adulterado carburantes, o incluso que han utilizado ilícitamente combustibles bonificados.

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