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Economía

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¿Tienen los paraísos fiscales del Impuesto de Circulación los días contados?

Elena Sanz Bartolomé | 28 Mar 2022
Carretera Medidas Agencia Internacional Energia  04
Carretera Medidas Agencia Internacional Energia  04

Los paraísos fiscales no son algo exclusivo de grandes millonarios. En el mundo del motor también existen, en nuestro país hay unos cuantos y están relacionados con el Impuesto de Circulación. Una situación que no es nueva, pero sobre la que la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (Anihpl) ha querido poner el acento denunciando la falta de control de la DGT y explicando por qué creen que el fin de los mismos está cerca.

Un comunicado de la citada organización apunta a que la falta de control de la Dirección General de Tráfico en los cambios de domicilio del permiso de circulación ha dado pie a la proliferación de “paraísos fiscales” en el impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido como Impuesto de Circulación. Esto ha generado que aquellas compañías que operan con flotas hayan movido todo su sistema a aquellas localidades donde la tributación de esta tasa es inferior.

Asegura que, desde un punto de vista teórico, la diferencia entre el Impuesto de Circulación más elevado y el más bajo podría llegar a ser del 700%. La clave está en que se trata de una situación legal porque los ayuntamientos tienen potestad para aumentar la tarifa mínima: un poder que, según denuncia Anihpl, están empleando para aplicar bonificaciones de hasta el 75% y para ignorar el coeficiente multiplicador. Así atraen a las grandes flotas.

El Impuesto de Circulación

No todos los conductores pagan la misma cantidad cuando llega a su casa la carta con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. En el caso de los turismos depende de la potencia fiscal, si es una moto irá en función de la cilindrada mientras que para los camiones y autobuses se calcula teniendo en cuenta el peso y número de asientos.

En nuestro país hay una tarifa mínimaque se aplica en todas las comunidades menos en el País Vasco y Navarra, pero como decíamos antes, cada consistorio local puede aumentar la cifra llegando a cobrar el doble de lo establecido. Un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) emitido en 2020 desvelaba que ese incremento se produce en 12 de las 52 capitales de provincia españolas: razón por la que un coche con 11,99 caballos de potencia fiscal (la media) paga 34,08 euros en Tenerife 34,08 y 86,64 euros en San Sebastián.

Hasta 25 paraísos fiscales

Esa falta de control por parte de la DGT que denuncia la Anihpl ha hecho posible que en algunas localidades con muy pocos habitantes, haya más de 100 coches por persona: eso sí, si nos dejásemos caer por allí probablemente no nos cruzaríamos con semejante parque automovilístico local.

En el mismo documento de AEA figuraba una lista de 25 ayuntamientos en los que el número de coches matriculados superaba con creces al de su censo: en algunos casos la situación era tal que tenían una relación vehículo-habitante superior a la de Japón o Estados Unidos. No en vano, en 2020, en Las Rozas de Puerto Real (Madrid) vivían 555 personas y estaba registrados un total de 29.897 coches: 53 por habitante.

Esta localidad junto a Colmenar de Arroyo, Robledo de Chavela, Moralzarzal, Venturada y Brunete en Madrid y Rajadell en Barcelona tienen una población que oscila entre los 500 y 14.000 habitantes. Siete municipios que, en 2020, acumulaban el 37,5% de todos los coches de empresa de nuestro país, es decir, 159.811 de 425.020 unidades.

¿Tiene solución?

La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local cree que el final de esta situación podría estar más cerca tras la decisión del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo Nº 10 de Barcelona. El pasado enero desestimó el recurso presentado por una compañía que tenía una sucursal ficticia en la comarca del Bagés y dio la razón a la Inspección Tributaria del Ayuntamiento de Barcelona.

A raíz de este movimiento han sido varios los consistorios locales que tienen previsto llevar a cabo inspecciones para regularizar el Impuesto de Circulación de las grandes floras en los últimos cuatro años como si hubieran permanecido en el correspondiente municipio cuando así haya ocurrido.