Desde el pasado 1 de septiembre, los nueve helicópteros Pegasus de la Dirección General de Tráfico (DGT) están parados en tierra. Y la causa no es un problema técnico puntual, sino algo mucho más llamativo y preocupante: la falta de contrato para su mantenimiento.
Helicópteros inmovilizados por un vacío administrativo
Los Pegasus llevan más de una década vigilando las carreteras españolas desde el aire. Son esos helicópteros de color azul y amarillo equipados con cámaras y radares de alta precisión, que no solo detectan excesos de velocidad; también adelantamientos indebidos, distracciones al volante y controlan el uso del cinturón.
La DGT subcontrata tanto el mantenimiento de los helicópteros como la contratación de los pilotos. Sin embargo, desde el inicio de septiembre los helicópteros no pueden despegar. El anterior contrato venció el 31 de agosto y la licitación para renovarlo ha quedado desierta, lo que ha dejado a los Pegasus completamente inoperativos.
El contrato ascendía a más de 40 millones de euros en 4 años, pero no ha conseguido atraer a ninguna empresa. Según los sindicatos, los motivos son varios: por un lado, una flota envejecida que exige mantenimientos caros, componentes electrónicos descatalogados y radares lentos que necesitan «hasta diez segundos» para verificar la velocidad de un vehículo. Una suma de circunstancias que eleva el coste de utilización y mantenimiento y, con un presupuesto cerrado, ninguna empresa quiere afrontar.
Según la versión oficial, la vigilancia está «garantizada»
Los sindicatos tildan la situación de «dislate» y critican que la DGT pretenda «privatizar la seguridad en la carretera», centralizando en un único contrato multimillonario toda la operativa de los Pegasus. Pero desde la Dirección General Tráfico insisten en que la seguridad en las carreteras está «garantizada» gracias a otros medios como los radares fijos y móviles, las patrullas de la Guardia Civil y las diferentes campañas de control.
Y aunque más de un conductor se alegrará por esta circunstancia, lo cierto es que la inmovilización de los Pegasus es un ejemplo más de la decadencia de los servicios públicos, gestión ineficiente y falta de planificación. Un recurso público que, nos guste más o menos, no debería estar inutilizado por culpa de la burocracia y la falta de previsión. Esta vez la víctima es el servicio de vigilancia con helicópteros, pero la próxima vez le puede tocar a cualquier otra cosa de lo público.
Por último, pero no menos importante, no podemos dejar de recordar que la importancia de invertir en infraestructuras. La red viaria necesita mucho más que controlar los excesos de velocidad y sabes que algo va fatal cuando desde la propia institución reconocen que no va bien: «las infraestructuras son las que son (…) y las costuras empiezan a chirriar», dijo el pasado julio Pere Navarro, director de la DGT.
