A medida que la sociedad avanza en materia de tecnología y comienza adentrarse de manera más profunda en el Siglo XXI, parece que cada vez va quedando más patente que uno de los factores que más van a cambiar en los próximos años es la manera que tienen las personas de transportarse, entre lo que se va certificando una lenta defunción del coche particular. La llegada del coche eléctrico, como concepto e idea, es solo el primer paso de ello, pues se trata de una herramienta que cada vez va a ser más exclusiva y menos práctica, sobre todo en Europa.
El mayor ejemplo de la transición por la que está pasando el automóvil está en la persecución legislativa y normativa que sufre por parte de los distintos países de la UE, algo que también afecta a todo el transporte por carretera y que puede elevarse a un nuevo nivel gracias a los radares de tráfico de nuevas generaciones y los últimos avances de la inteligencia artificial, tal y como demuestra en último proyecto piloto que hay en marcha en Europa.
La inteligencia artificial, en realidad, lleva ya muchos años siendo parte del funcionamiento de este tipo de sistemas, lo que sucede es que nunca se le ha llamado así y, además, no se había beneficiado hasta ahora de la evolución que han impreso a esta tecnología las empresas más punteras.
El proyecto piloto puesto en marcha en Grecia, y más concretamente se ha desarrollado en áreas estratégicas del centro de Atenas, donde una buena relación entre densidad de tráfico y el volumen de desplazamientos diarios permiten evaluar con comodidad y margen el impacto real del sistema, con unos primeros resultados que son una muestra de su total efecticidad.
Y es que en solo cuatro días de funcionamiento, las ocho zonas monitorizadas han registrado cerca de 2.500 infracciones graves, una cifra que da una idea clara tanto del alcance del control como del comportamiento habitual de los conductores en estos entornos urbanos.
Desde el punto de vista técnico, el sistema se apoya en cámaras de tráfico equipadas con inteligencia artificial capaces de detectar automáticamente distintas infracciones sin intervención humana directa. Esto, en realidad, no es nada nuevo: en España llevamos años viendo cómo las cámaras son capaces de hacerlo todo por su propia cuenta y luego un sistema automatizado gestiona la infracción. Cada incidente queda registrado mediante vídeo con marca temporal y una fotografía fija, generando pruebas que posteriormente se encriptan para garantizar la integridad de los datos. Por tanto, el proceso no es nuevo en cuanto a automatización o detección, sino que refuerza la efectividad y validez de cada sanción.
En cuanto al tipo de conductas identificadas, el abanico es amplio y cubre algunas de las infracciones más habituales. Excesos de velocidad, saltarse semáforos en rojo, no utilizar el cinturón de seguridad o hacer uso del teléfono móvil al volante son las más repetidas. A esto se suma el control del uso indebido de carriles de emergencia o carriles reservados.
Tal y como señala Carscoops, el proyecto tiene uno de los emplazamientos de prueba en la avenida Syngrou, uno de los ejes principales entre Atenas y el puerto del Pireo, donde una sola cámara ha legado a registrar más de 1.000 infracciones en apenas cuatro días. En el cruce de Mesogeion y Halandriou, en Agia Paraskevi, se han contabilizado 480 conductores sancionados por saltarse el semáforo en rojo, mientras que en la intersección de Vouliagmenis Avenue con Tinou Street, en Kallithea, se han detectado 285 infracciones del mismo tipo.
En términos económicos, las cifras que maneja la administración griega no pasan desapercibidas. Según estimaciones oficiales, una sola cámara podría llegar a generar hasta 750.000 euros en multas en apenas tres días, dependiendo del volumen y la gravedad de las infracciones detectadas.
De cara al futuro, para acabar, el plan pasa por ampliar el sistema a todo el país con unas 2.000 cámaras fijas y 500 móviles, estas últimas, las cámaras móviles, son algo que todavía no tiene España de manera extendida. Incluso se baraja el uso de algunas de ellas instaladas en autobuses públicos para controlar el uso indebido de los carriles bus.
