Ha sido el elemento más polémico en años. La DGT se propuso impulsar un nuevo sistema de preseñalización de peligro que muchos, entre los que me incluyo, hemos puesto en duda sobre cuán efectivo es para ejercer una función tan crucial como es la de advertir la presencia de un vehículo detenido en la vía.
El elemento más polémico en años, la baliza V16
En 2023 se impulsaba una baliza V16 que consta de un sistema luminoso que, como os contamos, debe advertir la presencia de un vehículo detenido en la vía, en sustitución de los triángulos que habíamos utilizado hasta ahora. Desde el 1 de enero de 2026 pasaba a ser obligatorio portar y emplear una baliza V16 que ya no solo señaliza el vehículo mediante una iluminación rotativa, sino que también envía la posición exacta del punto en el que se ha activado la baliza y, por lo tanto, en la que se localiza un vehículo detenido.
La polémica generada propiciaba que la Dirección General de Tráfico, en palabras de su Director, Pere Navarro, anunciase una suerte de período de gracia en el que los conductores que no hubieran adquirido la perceptiva baliza V16 conectada a tiempo aún no sufrieran las multas, que ascienden a 80 euros. Pero el período de gracia parece haber terminado, o no haberse aplicado en estos términos, y algunos conductores ya están siendo sancionados.
La DGT no recula y el período de gracia está en duda
Pyramid Consulting, empresa dedicada, entre otras, a recurrir multas, hacía público estos días haber tenido conocimiento de una primera multa impuesta a un conductor, que no portaba la baliza V16 conectada, e incoada el 6 de enero, solo seis días después de que este sistema de preseñalización de peligro comenzase a ser obligatorio.
El propio Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había asegurado que ese período de gracia se extendería durante un «período razonable», que en este caso parece no haberse cumplido.
Efectivamente, la obligatoriedad de la baliza V16 conectada hace que la sanción incoada en estos términos sea procedente. No obstante, Pyramid Consulting estaría avisando que recurrirán las multas amparándose en una posible contradicción administrativa, por declaraciones como las de Grande-Marlaska que anunciaban a un período de gracia, y por una posible vulneración del principio de confianza legítima que debe regir en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos.
