En tiempos de crisis, los elementos supérfluos hay que reducirlos al mínimo. Una premisa que debería ser válida para cualquier familia con problemas económicos, opcional para cualquier empresa con complicaciones en su balance de beneficios y de obligado cumplimiento para cualquier gobierno independientemente de su color o de la catadura moral de sus integrantes.
Y más en una crisis-estafa como la que ahora nos ocupa y nos preocupa, pues todo parece indicar que lo cosa pecuniaria está más jodida de lo que se atreven a contarnos los que manejan el cotarro. Y lo digo porque incluso una empresa como BMW, que se dedica a fabricar coches de alto nivel típicos para ser usados como coches de representación, ha llegado a la conclusión de que una forma de ayudar a mitigar los efectos de esta época de vacas flacas pasa por una solución tan políticamente incorrecta como reducir su flota de coches “oficiales”.
Desde noviembre de 2007 (época a partir de la cual negar la evidencia del desastre económico que se nos veía encima era, bien signo de ignorancia o señal de estar sirviendo a oscuros intereses) BMW ha reducido su flota de coches de representación (por supuesto, todos de la propia casa) en dos terceras partes. Si a finales del 2007 contaba con 22.000 de estos coches para regocijo de sus empleados y colaboradores mejora valorados, en septiembre de este año la cifra es de solo 6.500.
Con esta medida de ahorro, que según parece no es tan traumática de llevar a cabo como algunos, demasiado malacostumbrados a este tipo de vehículos, nos quieren hacer creer, BMW ha conseguido mejorar su liquidez en unos 400 millones de euros, al disminuir su inmovilizado por este concepto de uno 550 millones a solo 150 millones.
Si creemos en los rumores de pasillo que dicen que en España circulan alrededor de 30.000 coches oficiales (el mismo número que en Estados Unidos a pesar de contar solo con una sexta parte de su población), nos podremos hacer una somera idea del derroche que supone este capítulo en los presupuestos públicos.
Porque estas cifras conviene matizarlas: mientras BMW contabiliza el valor de sus coches a precio de coste, y punto, el precio de los coches de nuestros políticos (por cierto, más proclives a los Audi que a los BMW) hay que aderezarlo con todos los gastos que conllevan: conductores muy bien pagados y con derecho a carísimos cursos de conducción, consumo de combustible (y no hablamos precisamente de coches ahorrativos, con tanto cilindro y tanta tracción total quattro).
Pero también hay que incluir el uso habitual en actividades no relacionadas con su cargo, las horas de servicios de policías municipales encargados de custodiar coches oficiales mal aparcados, las multas por aparcamientos indebidos que no se cobran, las denuncias por exceso de velocidad que no se tramitan, los tickets de la ORA que no se pagan, los elementos opcionales que no son justificables en un coche que se supone que es una herramienta de trabajo, etc, etc, etc. Eso sí son ayudas, y no el Plan 2000e.
Y si BMW le ha podido hacer un buen lavado a su contabilidad con este ajuste de su flota, imaginemos lo que supondría una medida similar para las instituciones públicas españolas. No solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista ético, entre otras cosas porque podrían predicar con el ejemplo su insistencia en que los demás usemos el transporte colectivo.
Vía: wirtschaftswoche
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