El fiscal general del Estado dice sí. Recientemente ha emitido un dictamen donde avala la aplicación de penas de cárcel a conductores que circulen a velocidad “extremadamente elevada”, considerando ésta la que se sitúe por encima del “doble del máximo estipulado”. A mayores, si se demuestra que el conductor despreció la vida ajena se cometería un delito respecto al artículo 384 del Código Penal, lo que ya implica cárcel de uno a cuatro años.
La razón más importante que ha llevado al fiscal general a tomar esta iniciativa ha sido el crecimiento de la siniestralidad en el puente de mayo, situándose en un 45% más respecto a las cifras del año pasado. Eso si tenemos en cuenta los medios y no análisis en profundidad. La asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) pide medidas concretas para acabar con este índice de siniestralidad. En concreto, aumentar la presencia policial, mejorar las carreteras secundarias (donde suelen ocurrir la mayor parte de los accidentes) y concretar las políticas de educación vial.
La medida tomada por el fiscal me parece correcta y necesaria. Sin embargo, la DGT sigue pensando en mostrarnos campañas absurdas y en recordarnos que “no pueden conducir por nosotros”. ¿Y tampoco pueden mejorar las carreteras por nosotros? ¿Tampoco pueden mejorar el uso de sus radares por nosotros? Eso si, tampoco pueden fumar por nosotros.
Vía: ElMundoMotor
