Antes de que llegue 2023 ya habrá varias zonas de bajas emisiones funcionando en nuestro país. Y cuando arranque el año que viene, todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes tendrán que tener una zona de bajas emisiones en sus núcleos urbanos. La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética es la encargada de regular su existencia y obligatoriedad. Pero son las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento las que regularán su alcance, extensión y restricciones. Y aquí es donde llegan los quebraderos de cabeza.
Hasta la fecha, apenas hay un puñado de zonas de bajas emisiones en funcionamiento. Las ZBE de Madrid y Barcelona son las únicas realmente relevantes, y ya son bastante dispares en sí mismas. Por ejemplo, la de Madrid de momento sólo alcanza la almendra central delimitada por la M-30, pero una parte más pequeña de su centro está limitada a vehículos con etiqueta ECO o CERO. La de Barcelona, por su parte, alcanza a la ciudad en su totalidad, pero cuenta con tramos horarios en los que se puede circular libremente y solo excluye a los vehículos sin etiqueta.
El resto de ciudades, salvo contadas excepciones, se ha limitado a comenzar tímidamente a restringir el aparcamiento en superficie a vehículos con etiqueta ambiental, o a poner ciertas trabas administrativas o penalizaciones a los vehículos más contaminantes. Sin embargo, hace apenas unos días, entró en vigor en la ciudad asturiana de Gijón la obligatoriedad de llevar visible el distintivo de la DGT. Una decisión polémica y considerada por los ciudadanos de claro afán recaudatorio: Gijón no cuenta por el momento con una zona de bajas emisiones.
Y aunque contase con ella, el distintivo de la DGT solo sirve para facilitar las labores de control: toda sanción por incumplir los preceptos de una ZBE va asociada a la matrícula del vehículo – referenciada a una base de datos nacional con su clasificación ambiental. El caso de Gijón me resulta especialmente frustrante porque es mi ciudad y es donde vivo desde que nací, pero me viene al dedo para este artículo. Porque en poco más de medio año, 149 municipios españoles van a tener que establecer sus propias zonas de bajas emisiones.
Y cada una de esas ZBE va a ser diferente. En primer lugar, porque es potestad del ayuntamiento delimitar su extensión. Habrá municipios que opten por la vía del mínimo esfuerzo y creen una ZBE de apenas un puñado de calles. Habrá otros municipios que opten por la vía contraria, convirtiendo a la ciudad entera y parte de su zona periurbana en una ZBE. En segundo lugar, porque las tensiones políticas entre partidos van a determinar el diseño de muchas ZBE, y este diseño posiblemente será usado como arma electoral, tarde o temprano.
Otro punto a tener en cuenta es que los criterios de diseño de cada ZBE serán diferentes, y responderán a todo tipo de lógicas diferentes. Puede que ciertas ciudades tengan un problema con el tráfico a ciertas horas, y usen el diseño de la ZBE como arma arrojadiza para solucionar otras problemáticas. Me podría extender hasta el infinito, pero creo que queda claro lo que queremos exponer: va a ser una auténtica debacle, y va a ser un tremendo caos. Un caos que puede ser realmente beneficioso para muchas arcas municipales, dicho sea de paso.
Será casi inevitable que muchos conductores violen algún precepto de una ZBE por puro desconocimiento, despiste o falta de información – la multa genérica es de 200 euros, sin pérdida de puntos. Sin una mayor unificación de criterios de diseño, avisos y señalización, es inevitable que esta situación se materialice. Por otra parte, algunos ayuntamientos exigirán que el distintivo de la DGT sea visible, y otros que no. Si incumplimos, de nuevo, multa al canto. Y aun no hemos abierto el mayor «melón» de todos: los peajes urbanos.
La ley de cambio climático ha sido enmendada y modificada para abrir la puerta a que se puedan establecer peajes urbanos que nos permitan circular por una ZBE, previo pago de una contraprestación económica. Pagar por circular. Pagar por contaminar. Copago circulatorio. Como queráis llamarlo, pero en definitiva, una excelente forma de aumentar la recaudación de las arcas municipales en estos tiempos de incertidumbre. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? No demasiado, más allá de informarnos de forma exhaustiva… e ir con pies de plomo.
Planificar los viajes para evitar incurrir en incumplimientos de una ZBE, ser muy vigilantes con los límites de las ZBE en circulación urbana… y posiblemente ir pensando en jubilar nuestro viejo coche sin distintivo ambiental. Mal que nos pese, teniendo en cuenta la espiral inflacionista del coche nuevo – y los precios de los combustibles. No, no son buenos tiempos para los amantes del motor.
