Según la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, para 2023, todo municipio español de más de 50.000 habitantes tendrá que tener activa una zona de bajas emisiones (ZBE de aquí en adelante) al inicio de 2023. Es decir, el próximo 1 de enero. En España hay 149 municipios con más de 50.000 habitantes, y la noticia es que de esos 149 municipios, solo 20 núcleos de población tendrán activa su ZBE al inicio del año que viene. Es decir, el 87% de municipios obligados a tener una ZBE estará incumpliendo la normativa nacional en dos meses.
Ese 87% al que nos referimos en el anterior párrafo no es un dato inventado. Es el resultado de una investigación llevada a cabo por El País, en consultas con los 149 ayuntamientos implicados. Recordamos en este punto que aunque la normativa que obliga a la implantación de las ZBE es nacional, es responsabilidad municipal la implantación sobre el terreno, así como las decisiones sobre extensión, horarios y etiquetado ambiental que regirá la ZBE. De esta investigación, lo que se desprende es una tremenda «falta de diligencia» por parte de 129 ayuntamientos.
Para más inri, de los 20 municipios que sí contarán con una ZBE activa para el inicio de 2023, seis ya tenían su ZBE activada antes de que la Ley de Cambio Climático entrase en vigor. La ley, por cierto, lleva cerca de dos años aprobada y es vox populi. De hecho, la existencia de las ZBE ha provocado ya un tremendo cambio en la dinámica del mercado de coches, tanto nuevos como usados. El etiquetado ambiental de la DGT será el que rija qué vehículos pueden circular y cuáles no, pero cada ayuntamiento debe decidir lo restrictivo que quiere ser.
Según la investigación de El País, algunos ayuntamientos se escudan en la burocracia y afirman que al no existir un Real Decreto que desarrolle la Ley, no cuentan con la seguridad jurídica necesaria para desarrollar sus ZBE. Al mismo tiempo, los ayuntamientos que sí han desarrollado sus ZBE contradicen estas afirmaciones, al igual que los colectivos ecologistas, que aducen que no es necesario un Real Decreto para desarrollar una ZBE a nivel local. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, se afirma que dicho Real Decreto estará listo muy pronto.
Al parecer, aun falta el informe de Hacienda y del Consejo de Estado para su aprobación definitiva. Sea como fuere, la realidad se da de bruces con la burocracia e incompetencia política. De los 129 municipios que no tienen lista su ZBE, 60 afirman que estará lista en 2023, 50 ayuntamientos rechazan ofrecer fechas, tres dejan «el tema» de la ZBE para 2024, y 16 siquiera han respondido a las preguntas de El País. La FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), por su parte, busca una moratoria a la implementación de esta ley.
Ese retraso en la entrada en vigor de la Ley, según la FEMP, permitiría a los ayuntamientos tiempo y seguridad jurídica para desarrollar sus ZBE. La implantación de las ZBE exigirá la instalación de medios de control – cámaras de identificación de matrículas – y una inversión en señaléctica y equipos, algo que también trae de cabeza a varios ayuntamientos, que esperan la llegada de fondos europeos para efectuar su inversión. Varios consistorios están luchando por ayudas del Ministerio de Transportes a dicho efecto.
Por último, me gustaría recordar que en mayo de 2023 hay elecciones municipales en toda España. ¿Será ese el verdadero motivo por el que las ZBE se van a retrasar «unos meses»? En pocas palabras: nadie lo afirmaba, pero se veía venir a la legua que la implantación de las ZBE supondría una auténtica debacle. Como conductores, dará un balón de oxígeno a los conductores de vehículos sin etiqueta ambiental, que podrán seguir circulando sin restricciones y sin miedo a sanciones. Al menos hasta que pasen las elecciones.
