Europa decidió prohibir el mercado de diésel y gasolina en 2035. Al menos ese era el plan inicial, hasta que cedió a la presión de una parte de la industria del automóvil continental, y algunos miembros de la Unión Europea, que abogaron por relajar los objetivos para que aún pudieran venderse coches con motor de combustión interna más allá de 2035, siempre y cuando se cumplieran unas condiciones.
La vaguedad e indefinición de esas condiciones hacen que resulte imposible, sinceramente, pronosticar lo que sucederá en 2035. Desde estas líneas yo ya he reconocido que, con lo que conocemos, el nuevo plan de la Unión Europea sigue siendo una prohibición tácita del diésel y la gasolina, que tan solo permitirá algunas ventas de coches con motor de combustión interna en unos cupos muy reducidos y, probablemente, en unas condiciones y con unas tecnologías muy concretas, como lo podrían ser los eléctricos de autonomía extendida, que no son otra cosa que coches eléctricos, que funcionan como tales, aunque puntualmente, por ejemplo en viajes de larga distancia, puedan recargar sus baterías empleando un pequeño motor de combustión.
Pero no todos opinamos lo mismo, tal y como veremos a continuación.
- La propuesta de la industria plantea relajar de forma sustancial los objetivos europeos de emisiones.
- La organización T&E (Transport & Environment) considera que esas medidas permitirían seguir vendiendo muchos más coches de combustión durante la próxima década.
- Según sus estimaciones, la cuota del coche eléctrico podría estancarse a lo largo de los próximos años y apenas superar el 50% en 2035.
Adiós a la prohibición del diésel y la gasolina
La Comisión Europea ya dio un primer paso este invierno al plantear una flexibilización de los objetivos previstos para 2035. La propuesta pasaba por sustituir la exigencia inicial de una reducción del 100% de las emisiones de CO₂ por un objetivo del 90%, una modificación que abría la puerta a que siguieran matriculándose determinados vehículos con motor de combustión interna más allá de esa fecha.
Para la organización ecologista T&E, esa modificación ya supone un cambio sustancial respecto al planteamiento original de la Unión Europea. Aunque el grueso del mercado seguiría orientándose hacia los vehículos eléctricos, T&E considera que la nueva interpretación de la normativa permite mantener una presencia residual de tecnologías de combustión que inicialmente estaban destinadas a desaparecer del mercado europeo en 2035.
El plan de la industria para seguir vendiendo diésel y gasolina
La polémica crecía tras conocerse un documento de ACEA, la patronal europea de fabricantes de automóviles, filtrado por T&E, y dirigido a los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. En él se planteaban nuevas medidas para suavizar todavía más los objetivos de reducción de emisiones previstos para la próxima década.
Entre las propuestas figura ampliar de tres a cinco años el periodo de cálculo para el cumplimiento de los objetivos de CO₂ de 2030, mantener durante más tiempo las ventajas regulatorias de los híbridos enchufables y cancelar la revisión prevista del denominado utility factor, un parámetro diseñado para reflejar de forma más realista las emisiones de los PHEV en condiciones de uso reales.
ACEA también propone introducir créditos adicionales vinculados al uso de combustibles de bajas emisiones y materiales con menor huella de carbono, mecanismos que reducirían las exigencias de electrificación que deberían cumplir los fabricantes.
Según T&E, si todas estas flexibilidades fueran aceptadas, los fabricantes podrían cumplir la normativa vendiendo una proporción mucho menor de coches eléctricos de batería y una cantidad considerablemente mayor de vehículos con motor de combustión, incluidos híbridos enchufables.
Batacazo al coche eléctrico
Las estimaciones realizadas por T&E son especialmente contundentes. La organización calcula que, de aprobarse íntegramente las propuestas defendidas por ACEA, la cuota de mercado de los coches eléctricos de batería podría quedarse estancada en torno al 21% durante buena parte de la década, muy lejos del 57% que exigiría la normativa actualmente vigente.
| 2030 | 57% | 21% |
| 2035 | 100% | 52% |
La consecuencia no sería únicamente una ralentización de la electrificación. T&E estima que esta relajación regulatoria podría suponer 74.000 millones de euros adicionales en importaciones de petróleo entre 2026 y 2035, al mantenerse una flota mucho más dependiente de los combustibles fósiles. La organización también calcula que las emisiones acumuladas podrían aumentar hasta 2,4 gigatoneladas de CO₂ entre 2026 y 2050 respecto al escenario contemplado por la regulación actual.
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