El rumbo que están tomando las prohibiciones a los coches

A partir de hoy Madrid Central vuelve a multar, una semana después de que el Ayuntamiento de Madrid decidiera revocar las sanciones, tras prosperar el recurso presentado por asociaciones ecologistas, que solicitaron la cautelar para que las restricciones y prohibiciones al tráfico siguieran vigentes. En ocasiones entendemos que, fuera de la capital, sea difícil entender la repercusión mediática que tiene todo lo que sucede en Madrid. Pero en este caso se están sentando precedentes, se está definiendo el marco que regulará el tráfico en otras muchas ciudades y, de alguna forma, el peligroso rumbo que están tomando las prohibiciones a los coches en las ciudades en España.

El futuro de las prohibiciones a los coches se decide en Madrid

Un buen ejemplo para entender lo que podría suceder en España lo tenemos en Alemania. Pero primero veamos cómo se llegó a la situación actual en Madrid. El incumplimiento sistemático de los umbrales máximos establecidos por la Unión Europea de contaminación ambiental en Madrid, y otras ciudades, llevó a que la Comisión Europea reprendiera al Gobierno español, y pesara la amenaza de importantes sanciones.

Madrid actuó, desarrollando planes de contingencia, para episodios de alta contaminación, que preveían limitar el tráfico. Madrid también actuó apostando por un área de bajas emisiones. La Comisión Europea entendió que estas decisiones eran algo más que un gesto, valorándolo positivamente, y decidiendo aplazar la aplicación de cualquier tipo de sanción.

Las restricciones al tráfico en Madrid y medidas como Madrid Central paralizaron posibles – y cuantiosas – sanciones de la Unión Europea

Las multas de Madrid Central fueron revocadas el 1 de julio, por el nuevo Ayuntamiento de Madrid, pero regresan hoy mismo después de que un juez fallara a favor de la suspensión cautelar (de la suspensión de las sanciones) el pasado viernes.

El problema llega en el momento en que hay un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid y el consistorio pasa a estar dirigido por el equipo de José Luis Martínez-Almeida (Partido Popular), cuya campaña electoral se basó, entre otras cosas, en acabar con las restricciones al tráfico de Madrid Central.

Tras su elección como alcalde, fueron muchos los que recordaron que Madrid podría no tener la potestad suficiente como para tomar decisiones que afecten al tráfico, decisiones como eliminar Madrid Central o, como mínimo, de tomar decisiones sin que las consecuencias fueran muy negativas para la ciudad, y el país, puesto que en este caso estaban previstas sanciones muy cuantiosas. Y la Comisión Europea ya había amenazado, de hacer uso de su «potestad para intervenir y sancionar» en el caso en que se revirtieran medidas que Europa consideraba positivas para reducir la contaminación.

El Ayuntamiento de Madrid está evidenciando sus limitaciones a la hora de regular el tráfico de la ciudad, por la «potestad para intervenir y sancionar» de la Comisión Europea, que no dudará en utilizar, si se dan pasos atrás en medidas que consideró positivas como Madrid Central

El fallo de un juez que obligó a establecer restricciones al tráfico en Stuttgart, la casa de Porsche y Mercedes, desató una reacción en cadena que abrió procesos judiciales, que fallaron a favor de los ecologistas, en otras muchas ciudades alemanas.

Cuando las prohibiciones a los coches llegan al ámbito judicial

Regresando al asunto alemán, estos días hemos podido encontrar un paralelismo con lo sucedido en las ciudades de Alemania. Madrid Central ha entrado en el plano judicial. El regreso de las multas de Madrid Central, por la cautelar que otorgó un juzgado madrileño el pasado viernes, a petición de las asociaciones ecologistas, respondía a dos argumentaciones concretas de los denunciantes. La primera, que Madrid Central había sido la razón que había llevado a la Comisión Europea a paralizar las sanciones contra España. La segunda, que hubiera mejorado los indicadores de contaminación ambiental en las estaciones de medición de calidad del aire.

En Alemania, las asociaciones ecologistas han interpuesto decenas de recursos y demandas contra los consistorios del país, reclamando áreas de bajas emisiones, con restricciones al tráfico, y prohibiciones permanentes a los coches más antiguos y contaminantes.

Y el punto de inflexión llegó, sin duda, en el momento en que un juez consideró, y certificó en el fallo de un juicio, que «el derecho a la salud de los ciudadanos debe prevalecer sobre el derecho al libre movimiento del conductor».

El punto de inflexión alemán se produjo cuando un juez reconoció «el derecho a la salud de los ciudadanos» por encima del «derecho al libre movimiento del conductor»

Abrir la vía judicial en las restricciones al tráfico en España nos acerca, cada vez más, a ese escenario. De manera que el nuevo Ayuntamiento de Madrid no solo ve limitada su potestad para regular el tráfico, en este caso, para revocar Madrid Central, por las instancias europeas, sino también por las judiciales. El fallo que se firmó el viernes en Madrid aún no va tan lejos. Pero poca duda nos cabe que cada decisión judicial favorable a restricciones y prohibiciones a los coches como Madrid Central está haciendo que estas estén más cerca de convertirse en una realidad en otras muchas ciudades.

De esta forma, el Ayuntamiento de Madrid se está encontrando con que no podrá cumplir con sus promesas electorales. Si bien es cierto se abre una vía intermedia, que parece estar ganando peso en los últimos días. Madrid Central podría revocarse en el momento en que se establezca un plan alternativo, que necesariamente debería conllevar prohibiciones y restricciones al tráfico y recibir el beneplácito de la Comisión Europea.

Si no se siguieran los cauces adecuados, el Ayuntamiento de Madrid no solo se encontraría con la incapacidad de eliminar las restricciones al tráfico, sino también abriendo un nuevo y peligroso rumbo en el que las prohibiciones al tráfico se decidirían en procesos judiciales, y se extenderían a muchas ciudades españolas. También podría precipitar la toma de decisiones a nivel nacional. Recordemos que el Gobierno ya vislumbró esta posibilidad, con un borrador de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que no fue aprobado, pero que ya había previsto obligar a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a establecer áreas de bajas emisiones similares a Madrid Central.

El fallo de un juez alemán en verano de 2017 desató una reacción en cadena y procesos judiciales que acabaron instando a ciudades como Düsseldorf, Hamburgo y Berlín a restringir el tráfico

Ciudades como Düsseldorf y Berlín también fueron obligadas, por los jueces, a establecer restricciones al tráfico, por la jurisprudencia que sentó el caso de Stuttgart.

De nuevo, regresemos al caso alemán. En el verano de 2017 un juez sentaba un precedente importantísimo y reconocía que primaba el derecho a la salud del ciudadano, a la libertad de movimientos de los coches, obligando a la ciudad de Stuttgart – la casa de marcas como Porsche y Mercedes-Benz – a establecer restricciones y prohibiciones al tráfico.

Aquella decisión, que sentaba jurisprudencia, desató una reacción en cadena e infinidad de litigios en otras muchas ciudades alemanas, a menudo a iniciativa de la Deutsche Umwelthilfe, una asociación ecologista. Y los jueces de nuevo dieron la razón a los ecologistas, obligando a otras muchas ciudades a establecer prohibiciones permanentes a los coches más antiguos, y especialmente a los diésel, en muchas ciudades, como Düsseldorf, Hamburgo y Berlín.

Viendo lo sucedido en Alemania estoy convencido de que, tanto aquellos que estén a favor de las restricciones al tráfico, como en contra, considerarán que nos encontramos en una encrucijada. En estos momentos el mejor escenario posible es aquel en el que los ayuntamientos establezcan restricciones al tráfico a iniciativa propia, abarcando consensos y, a ser posible, bajo una política unificada a nivel nacional y con la aprobación de la Unión Europea. Buscar caminos alternativos solo puede llevarnos a que se repita en España el caso alemán, y que se desate esa reacción en cadena que obligue a muchos ayuntamientos españoles a restringir el tráfico por orden judicial.